Texto de lectura

2.4.2 Controles oficiales y aplicación nacional: el papel de la supervisión

El sistema de control oficial de la Unión Europea experimentó una profunda revisión con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/625, convirtiéndose en uno de los modelos más avanzados de gobernanza regulatoria multinivel en el sector agroalimentario hasta la fecha. El marco regulatorio integra los controles relativos a la seguridad alimentaria, los piensos, la salud animal y la protección de las plantas en un único marco jurídico, con el objetivo de garantizar una aplicación coherente, eficaz y basada en el riesgo de la legislación de la UE a lo largo de toda la cadena de suministro. La aplicación a escala nacional corre a cargo de las autoridades competentes, y los Estados miembros son responsables de llevar a cabo los controles oficiales. La supervisión a escala nacional garantiza la coordinación entre las autoridades centrales y los organismos locales, verificando la uniformidad de los procedimientos y la calidad de las actividades de inspección. A escala europea, la Comisión, a través de auditorías, inspecciones y análisis de sistemas, supervisa la eficacia de las autoridades nacionales, lo que contribuye a garantizar una aplicación armonizada de las normas. A nivel operativo, la supervisión se estructura en dos dimensiones complementarias: una evaluación ex ante, destinada a verificar la idoneidad de los sistemas de control antes de su implementación, y un seguimiento ex post, destinado a la identificación y corrección oportunas de los incumplimientos. Aunque la responsabilidad principal del cumplimiento recae en los operadores de empresas alimentarias, el sistema de control público es, en última instancia, responsable de proteger la salud de los consumidores y garantizar la transparencia en el mercado único, asegurando dicha adecuación a través de medidas correctivas como sanciones administrativas y acciones de verificación y seguimiento.

En Italia, el sistema se caracteriza por el Reglamento (UE) 2017/625, que ha dado lugar a un importante proceso de adaptación normativa y organizativa, reforzando los mecanismos de supervisión interna mediante la formalización de los procedimientos de control y la introducción de herramientas como la «segunda opinión experta» (SEO) para la gestión de las disputas técnicas. La introducción de este derecho, garantizado a los operadores de empresas alimentarias, permite a las empresas impugnar los resultados de los controles oficiales. Persiste la variabilidad territorial en la aplicación de los procedimientos, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de coordinación central.

En Grecia, la gestión de los controles oficiales se caracteriza por una mayor fragmentación institucional. La aplicación del marco europeo ha contribuido a reforzar la coordinación central, pero siguen existiendo problemas críticos relacionados con la coherencia operativa y la capacidad de garantizar una supervisión uniforme en todo el territorio. En este contexto, el papel de las auditorías europeas y de los mecanismos de control de la Comisión es especialmente importante para apoyar la mejora progresiva de las capacidades administrativas nacionales.

España, por su parte, tiene un modelo semicentralizado, en el que las comunidades autónomas desempeñan un papel operativo significativo, mientras que la autoridad central, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), garantiza la coordinación y la alineación con el marco normativo europeo, manteniendo al mismo tiempo un alto grado de autonomía territorial.

En Francia, el sistema de control oficial está muy centralizado y se confía principalmente a la Dirección General de Alimentación (DGAL). La administración francesa se basa en una clara cadena de mando, en la que la supervisión está estrechamente integrada con la planificación del control y la gestión de riesgos, lo que reduce la fragmentación en la toma de decisiones.

En Irlanda existe un modelo diferente, en el que la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda (FSAI) desempeña un papel central de coordinación y supervisión. El sistema irlandés se caracteriza por una estructura institucional fuertemente arraigada y una clara asignación de funciones entre las autoridades competentes, con un nivel de uniformidad en la ejecución de los controles oficiales.

La supervisión se perfila como un elemento estructural del sistema de control oficial, ya que garantiza la coherencia entre los niveles europeo y nacional, lo que refuerza la rendición de cuentas de las autoridades competentes y la eficacia de la normativa.

Fig. 19 - Análisis comparativo de los sistemas de supervisión de los controles oficiales en los países del proyecto OPTIMA